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Desarrollo, Defensa y Promoción Derechos Humanos en Internet
Updated: hace 5 semanas 2 días

Acuerdo final del TPP se produciría a principios de diciembre

Vie, 29/11/2013 - 15:45

La firma del tratado se produciría con la falta de acuerdo local, con declaraciones de importantes personeros públicos que se muestran cautos ante los beneficios que obtendría Chile, como el ex Presidente de la República, Ricardo Lagos. Por su parte, ONG Derechos Digitales hace nuevas solicitudes de transparencia para conocer los argumentos del Gobierno.

En la declaración final de la ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) ocurrida en Salt Lake City desde el 18 al 25 de noviembre, se anunció que se está muy cerca de llegar a un acuerdo final de las negociaciones, el que no pasaría de la conferencia ministerial de Singapur que ocurrirá entre este 7 y 10 de diciembre.

El TPP es un polémico tratado de libre comercio entre 12 naciones del Asia Pacífico, empujado por Estados Unidos, y donde también hay países latinoamericanos como México, Perú y Chile. La ronda de Salt Lake City, que ocurrió en paralelo a una nueva filtración del capítulo de propiedad intelectual por Wikileaks, estuvo marcada por las intensas negociaciones debido a la aceleración de las negociaciones por parte de Estados Unidos.

¡Ayúdanos a detener esta amenaza!

“Las diversas organizaciones movilizadas por reparos con el acuerdo, y que tuvieron la oportunidad de estar en esta ronda, confirman que los negociadores presentes tuvieron la instrucción de disminuir sus desacuerdos en los capítulos del TPP que aún quedan por resolver, de manera que los ministros de sus países tengan la última palabra en Singapur”, declaró Claudio Ruiz, director ejecutivo de ONG Derechos Digitales, organización que coordina la iniciativa ciudadana “TPP Abierto“.

Las críticas locales al acuerdo liderado por el Gobierno han sido múltiples. La mayoría de ellas, lideradas por ex negociadores de tratados de libre comercio como Carlos Furche, Osvaldo Rosales o Rodrigo Contreras, apuntan a que los beneficios comerciales para Chile no están claros. Tanto es así, que el programa de gobierno de Michelle Bachelet se muestra cauto ante el tratado. También en agosto de este año el Senado aprobó de manera unánime un proyecto de acuerdo para solicitar al propio Presidente de la República, Sebastián Piñera, abrir un debate público, de carácter técnico y político, sobre las implicancias del TPP.

CC BY (US Embassy Santiago, Chile) – NC – SA

“A pesar de que hasta el mismo Senado de la República ha emplazado al Gobierno chileno a transparentar el debate y a dar a conocer los argumentos del por qué a Chile le conviene este tratado, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL) ni DIRECON se han hecho cargo de dar explicaciones públicas”, sentencia Ruiz. Debido al hermetismo del Gobierno, Ruiz confirmó que hoy ONG Derechos Digitales presentó nuevamente solicitudes de transparencia a diversos ministerios con respecto a la información que maneja el Ejecutivo sobre el TPP.

Entre los efectos del polémico acuerdo comercial, destaca el aumento del costo de las medicinas, o las graves amenazas a la libertad de expresión en Internet. Esto último, debido a que se podrán bajar o bloquear contenidos de Internet sin orden judicial previa; permite la desconexión de usuarios de Internet; y cualquier persona que utilice una obra protegida sin autorización podrá ser encarcelada y obligada a pagar grandes multas, independiente si ese uso tiene o no fines comerciales.

El anuncio del final de las negociaciones del TPP se produce en conjunto a las recientes declaraciones de importantes personajes públicos de Chile preocupados por el alcance del TPP, como la ex ministra y senadora Soledad Alvear, el ex senador y ministro Sergio Bitar, o el ex Presidente de la nación, Ricardo Lagos. De hecho, este último también declaró en contra del secretismo del tratado: “Sé que toda negociación tiene que tener momentos de privacidad pero también ciertos elementos básicos tienen que en algún momento trascender, y según muchos, lo que se está fortaleciendo mucho es la propiedad intelectual y eso es un tema en el cual hay que ser muy cuidadosos”.

¿Disconforme con el TPP? ¡Actúa!

Beastie Boys vs GoldieBlox: ¿Qué es justo en materia de derecho de autor?

Jue, 28/11/2013 - 22:06

Acostumbrados a estar en el banquillo de los acusados en problemas de derecho de autor, los Beastie Boys alegaron por el uso de la canción Girls en el comercial de una compañía de juguetes. Lamentablemente, la empresa declinó la vía legal para zanjar una disputa con interesantes implicancias desde el prisma de los usos justos.

BY (WikiLaurent) SA

Es difícil no gustar de los Beastie Boys. Desde el característico video de “Sabotage” a la auto-cita en “Make some noise”- que revisita “Fight for your right” y conecta su videografía completa, dándole sentido de principio y final – el trío neoyorquino siempre estuvo dispuesto a expandir los límites, convirtiéndose en una de las bandas más progresivas de los últimos 30 años. Los teclados de Money Mark al principio de “So wat’cha want”, los coro en “Sure Shot”, el bajo de Adam Yauch en “Gratitude” y esa obra seminal del sampleo llamada Paul’s Boutique, son algunos de los motivos que los han elevado al estatus de íconos culturales.

Durante los últimos días la banda se vio envuelta en una polémica un tanto incómoda: Una compañía llamada GoldieBlox, que produce “juguetes para futuras ingenieras”,  tomó “Girls” del primer disco de la banda y produjo su propia versión de la canción para un comercial, subvirtiendo el sexismo de la letra original33.- El sexismo, junto a una larga lista de comportamientos políticamente incorrectos contenidos en las letras de su primer disco, se convirtió en un problema para la banda. Una broma incomprendida por cientos de fans incapaces de ver la ironía, a los que Yauch se encargaría de corregir en la letra de Sure Shot., con un mensaje que celebra las distintas capacidades de las niñas. Hasta aquí, todo suena bien. La siempre cuestionada industria publicitaria repudiando dañinos estereotipos femeninos y dando un mensaje positivo a las niñas.

Pero, siguiendo los deseos del fallecido Adam Yauch, que prohibió el uso de sus canciones en publicidad, los Beastie Boys – junto a su equipo de abogados- exigieron la baja del video. La compañía, segura de que se trata de un uso justo4 4.- El uso legítimo o uso razonable es un criterio jurisprudencial desarrollado en el sistema del derecho anglosajón (o common law) que permite un uso limitado de material protegido sin necesitar permiso del dueño de dichos derechos bajo la categoría “parodia”, demandó, pidiendo que fuera un juez quién decidiera.

Sin embargo, litigar para que un tribunal reconozca el derecho a hacer usos justos es largo, difícil y caro. Incluso para una empresa. Debido a lo anterior, GoldieBlox declinó en su esfuerzo, dio de baja el video y escribió una carta abierta donde se disculpan y declaran su intención de ser amigos de los Beastie Boys. Lo anterior es una lástima, porque el caso presentaba una serie de aristas interesantes para analizar desde el punto de vista de los derechos de autor y los usos justos.

Por una parte, GoldieBlox declara que lo que ellos hicieron no fue utilizar la canción de los Beastie Boys, sino parodiarla. Se trataría de una nueva obra derivada de la original, que toma la melodía y le cambia la letra. Pero no se trata de un cambio antojadizo, sino que  las nuevas palabras entregan un mensaje exactamente opuesto al original: Chicas que laven la ropa y los platos vs. Chicas que construyan naves espaciales. La nueva letra dialoga con la anterior y es en esa relación que emerge por completo la fuerza del nuevo mensaje.

Pero no es el mérito de la adaptación el foco de la discusión: “Creativo como es, no se equivoquen, su video es un anuncio diseñado para vender un producto” dice la carta abierta de los Beastie Boys a GoldieBlox. Y es precisamente el uso comercial de la canción el punto conflictivo Cabe preguntarse si es que habría habido algún problema si en lugar de musicalizar una publicidad, la canción hubiese sido puesta a la venta en un sitio de descarga de música.

Hay que tener presente en este caso que en la ley estadounidense, el uso comercial  es uno de los tantos factores a sopesar en la discusión sobre los usos justos y no lo invalida a priori.

Pero en su testamento, Adam Yauch explicitó la prohibición del uso de su música con fines publicitarios. La pregunta es entonces por cómo puede establecerse un equilibrio entre los intereses legítimos de los autores sobre su trabajo, con los derechos de los usuarios. Este problema recuerda lo que Lawrence Lessig denomina “Cultura del permiso”, donde sólo se puede crear con autorización. Si los Beastie Boys hubiesen tenido que pedir autorización a cada uno de los  músicos que samplean en Paul’s Boutique, probablemente jamás podrían haber hecho ese disco.5  5.- Si hay una banda que sabe de demandas por derechos de autor, esos son los Beastie Boys. Notificaciones por el uso de samples en Paul’s Boutique siguen llegando y la mayoría de los expertos coincide en que hoy sería imposible crear ese disco, por el alto costo que  tendría licenciar todo el material necesario

Por otro lado, existe cierto grado de artificialidad en la jerarquización de los distintos tipos de esfuerzo creativo. ¿Es el trabajo de un músico a priori mejor o más importante que el de un publicista? La respuesta normal tiende al sí, aún cuando los motivos no suelen estar muy claros. La transposición de la figura del artista a un contexto de cultura industrialmente producida no está exenta de problemas, pero existe una valoración social que distingue y prefiere unos esfuerzos por sobre otros. Y esta diferenciación cierra la puerta a considerar que las buenas “obras” pueden aparecer desde una multiplicidad de lugares distintos, con lógicas diferentes.

La creación cultural, hasta donde sabemos, no es un tema de formatos o condiciones del autor. El objetivo de las políticas públicas en materia de derechos de autor, por otra parte, no es asegurar el control completo de una creación a sus titulares, sino más bien incentivar y promover esta creación.

Lamentablemente en este caso, la configuración legal de este derecho obliga a los mismos artistas y creadores a pedir permiso para hacer su trabajo. En otros casos, donde las regulaciones son más flexibles, se puede optar a pagar una tarifa, generando un derecho de remuneración que, aunque presenta limitaciones, al menos no entrega el control absoluto a una de las partes.

Por todo lo anterior, es una lástima que GoldieBlox haya decidido bajar la demanda. Como el sistema estadounidense funciona en base a jurisprudencia y la calidad de un “uso justo” debe ser evaluada caso a caso, habría sido muy interesante ver el fallo judicial al respecto. Pero también es comprensible el deseo de la marca por no entrar en conflicto con gente de la que se declaran admiradores. Supongo que nadie quiere tener de enemigos a los Beastie Boys.

ONG Derechos Digitales presentará la charla “¿Cómo funciona Internet?” en Concepción

Mié, 27/11/2013 - 21:07

El lunes 2 de diciembre, Paz Peña y Francisco Vera de ONG Derechos Digitales, presentarán la charla “¿Cómo funciona Internet”, que busca  describir los nodos críticos y analizar de forma práctica cómo se desenvuelven temas polémicos a nivel mundial y nacional, como derechos de autor, privacidad, neutralidad en la red y delitos informáticos.

En la ocasión, se regalará a los asistentes el libro “¿Cómo funciona Internet”, en el que se basa la charla.

Esta actividad se enmarca en el seminario “Internet para Periodistas: Desafíos y Oportunidades” , que también contempla el panel “Periodismo: Derechos y Datos”, con la participación de  Carlos Basso, Rodrigo Agurto y Constanza Gajardo.

La actividad se desarrollará en el auditorio de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción (Casilla 160), y comenzará a las 9 de la mañana. La entrada es abierta, previa inscripción en contacto@periodismoudec.cl

Lanzamiento del libro electrónico “Medios sociales y acción colectiva en Chile”

Lun, 25/11/2013 - 19:04

Este jueves 28 de noviembre se realizará el lanzamiento del libro electrónico “Medios sociales y acción colectiva en Chile”, de Salvador Millaleo y Pablo Cárcamo,  investigadores de ONG Derechos Digitales.

Esta investigación es parte del proyecto “Medios sociales e incidencia ciudadana: ¿un nuevo modelo de legitimidad política?”, iniciativa de la Fundación Democracia y Desarrollo, con la colaboración de International Development Research Center  y ONG Derechos Digitales.

El lanzamiento, organizado en conjunto con Fundación Democracia y Desarrollo y el Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile, contará además con la participación de los académicos Patricia Peña, Arturo Arriagada y Sebastián Valenzuela.

La actividad se realizará en la sala Jorge Müller del ICEI (Ignacio Carrera Pinto 1045), a las 18:30 horas.  La entrada es abierta, previa inscripción en este formulario, al correo comunidad@elquintopoder.cl o al teléfono 23339414.

Al finalizar el evento se servirá un vino de honor.

Los delitos informáticos bajo la lupa de la evidencia empírica: ¿Qué tan necesaria es una ley?

Jue, 21/11/2013 - 14:35

Este año se cumplieron dos décadas desde la promulgación de la Ley 19.223, que tipifica figuras penales relativas a la informática en Chile. Estas reglas han sido objeto de reparos prácticamente desde su dictación, tanto por su cuestionable necesidad como por su problemática redacción.

BY (marsmet532) – NC-SA

*Por Pablo Viollier y Manuel Martínez, investigadores de ONG Derechos Digitales.

Examinar el estatus legal de la actividad delictual en entornos digitales  fue el objeto de la reunión del 5 y 6 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en el seminario “Delitos Informáticos: Nuevas Perspectivas Críticas”, donde académicos y expertos coincidieron en la poca vigencia de la ley y debatieron en torno de las críticas que una actualización a la norma debiera considerar.

Una ley problemática y poco usada

¿Es necesaria una ley especial para regular fenómenos delictivos relacionados con otras materias dignas de protección? Este es el principal cuestionamiento a la ley de delitos informáticos. Debido a los avances tecnológicos, la ley sanciona como “informáticos” delitos comunes, que han comenzado a ser perpetrados utilizando herramientas o medios informáticos. Por ejemplo, los delitos relativos al acceso o divulgación de datos pueden ser sancionados en atención a la naturaleza o entidad de tal información (datos personales, secretos industriales, secretos de Estado, etcétera).

Por su parte, la redacción de la ley dista de ser ideal, resultando evidente la falta de determinación de sus propósitos: ¿Son todos los datos dignos del mismo nivel de protección? ¿Califica como delito informático la destrucción del mouse o del teclado?

Incluso antes de la dictación de este cuerpo normativo ya se planteaban una serie de cuestionamientos a su existencia. Aun separando los delitos propiamente informáticos, surge como pregunta si el derecho penal es la respuesta más razonable, considerando que se trata de una herramienta que debe aplicarse solo en última instancia.

Debido a todas estas complicaciones, existe una escasa aplicación práctica de la ley. Estudios en curso de ONG Derechos Digitales, basados en información pública, demuestran un universo muy reducido de casos llevados ante la justicia, frente a opiniones de operadores del sistema que ponen de relieve la importancia de otros delitos cometidos por medios informáticos y no de los delitos informáticos propiamente. Como consecuencia de esta escasa aplicación, tampoco existe suficiente jurisprudencia en que los tribunales se hagan cargo de las complicaciones descritas.

Oportunidad de cambios

La importancia de atender a estas críticas y de realizar contribuciones constructivas al respecto también puede entenderse en un contexto de legislación comparada. Sin ir más lejos, dos países vecinos, Argentina y Perú, han visto iniciativas de modificación a sus leyes penales en relación con la informática, pero con serios cuestionamientos a su necesidad, su operatividad y su lesión de derechos humanos.

La declarada intención de distintos gobiernos por presentar a discusión un nuevo Código Penal constituye una buena oportunidad para armonizar nuestra legislación con otras leyes comparadas y para aunar esfuerzos tendientes a una protección más adecuada. Por sobre todo, es la instancia propicia para buscar una regulación sensata, basada en evidencia empírica, que represente de mejor forma la protección a bienes jurídicos relevantes, uso sensato del aparato represor del Estado, sensibilidad frente a las nuevas tecnologías y pleno respeto a los derechos fundamentales.