El Centro de Sistemas Públicos invita al lanzamiento del libro “polisDigital: Algunas ideas y sueños para el desarrollo digital de los países”, de Alejandro Barros, con la colaboración de Hugo Martínez y los integrantes de ONG Derechos Digitales, Claudio Ruiz y Alberto Cerda.

La publicación, que es una recopilación de las reflexiones de Alejandro Barros de los últimos años sobre desarrollo digital en los países de la región, contiene capítulos desarrollados por Hugo Martínez en el área de educación y de Claudio Ruiz y Alberto Cerda en materias del marco normativo para el desarrollo digital.

El libro será presentado por Claudio Orrego y Rafael Ariztía, este lunes 14 de mayo del 2012 a las 12 horas, en el Auditorio Telefónica (AV. Providencia 111, Santiago).

“El nuevo cineasta que hay que conocer es Kirby Ferguson, un neoyorquino medio nerd de 32 años, que, sin haber creado nada realmente original, sin haber ganado o participado en festival alguno, se ha transformado en algo así como un gurú, un hijo de Steve Jobs, Walt Disney, Ted Turner y Bill Gates. O quizás es una mezcla entre David Fincher, Mark Zuckerberg, Spike Jonze y el filósofo pop eslavo Slavoj Zizek. Ferguson está armando un documental-tratado cinéfilo (un work-in-progress que sigue en progress) frente a todos: en la red”.

Así de demoledora es la presentación que hace Alberto Fuguet del creador de “Everything is a Remix”, un documental de 4 partes que gira en torno a cómo la copia y el remix son partes integrales de los procesos creativos. Y es justamente este trabajo, que ya tiene más de cuatro millones de visitas en Internet, el que será presentado por el propio Ferguson en una de las actividades que tiene agendadas en nuestro país: martes 24 de abril a las 11.30 horas. Tras la proyección, el cineasta conversará de la película con Fuguet.

La otra actividad será el miércoles 25, a las 11.30 horas. Se trata de una mesa redonda sobre el derecho de autor, donde estará junto a otros invitados nacionales, como Andrés Valdivia de Noise Media, Alberto Fuguet e incluso Claudio Ruiz de ONG Derechos Digitales.

Ambas actividades, organizadas por la la Universidad Diego Portales, son gratuitas, contarán con traducción simultánea y se realizarán en la biblioteca Nicanor Parra (Vergara 324, Santiago).

Después que la semana pasada Chile fuera escenario de una nueva ronda de negociaciones del capítulo de propiedad intelectual del Trans-Pacific Partnership Agreement (TTP), algunas autoridades públicas han reaccionado a las demandas de la sociedad civil por mayor transparencia de los términos de la negociación que mantiene nuestro país en este TLC.

El contexto en que se vivió la ronda de la semana pasada fue muy particular en aspectos de transparencia, debido principalmente a la denegación por parte de DIRECON a la solicitud de acceso a la información de estas negociaciones. Esta última fue ingresada por ONG Derechos Digitales y Fundación Pro Acceso a principios de marzo. Si bien aquello no daba señales de apertura de las autoridades, esta semana el panorama ha mejorado.

Por un lado, el senador Lagos publicó una alentadora columna de opinión en el Diario Financiero, donde llama a darle legitimidad ciudadana a las negociaciones del TPP:

“Las transformaciones que están ocurriendo en la sociedad chilena en los últimos años, con una ciudadanía mucho más informada y empoderada, nos obligan a un esfuerzo mucho mayor de transparencia y de debate público sobre lo que está en juego en las negociaciones comerciales. En este contexto, el vasto alcance y repercusiones potenciales del TPP justifican un debate público mucho más intenso e informado que el que hemos tenido hasta ahora”.

Por otro, y haciendo eco de las denuncias que la sociedad civil de los países involucrados han llevado adelante, el diputado Gonzalo Arenas anunció este 18 de abril en su Twitter que solicitó una sesión especial para el próximo 8 mayo en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, con el fin de conocer las negociaciones del TPP y sus efectos en Internet.

Tanto el llamado a darle legitimidad ciudadana a las negociaciones del TPP, como la preocupación por los derechos en juego en Internet con este TLC, son dos señales esperanzadoras de nuestras autoridades públicas. Ambas demuestran que las demandas ciudadanas pueden tener cabida dentro de un dominio que, hasta hace muy poco, solo era exclusivo de la tecnocracia. Con todo, la sociedad civil debe continuar atenta pues las negociaciones de este TLC siguen adelante.

Con fecha 12 de abril de 2012, ONG Derechos Digitales recurrió de amparo ante el Consejo Para la Transparencia con el objeto de acceder a la información recopilada en el marco de una consulta pública que el Ministerio de Economía efectuó en agosto de 2011 para proponer reformas al proyecto de ley sobre datos personales.

Tal como informamos anteriormente en nuestro sitio, el Ministerio de Economía rechazó las solicitudes de acceso presentadas por ONG Derechos Digitales ante dicha cartera, por lo que se adoptó la decisión de recurrir al H. Consejo para la Transparencia para que ordene la liberación de información respecto del caso.

En Agosto de 2011, el Ministerio de Economía abrió una consulta pública para recibir observaciones respecto de un borrador de proyecto de ley que reglamentaría el tratamiento de datos personales en Chile. La consulta permaneció abierta por dos semanas, tras lo cual el Ministerio habría evaluado dichas observaciones e introducido mejoras en el borrador. Hace pocos días, finalmente, el Gobierno presentó el proyecto de ley al Congreso.

A efectos de conocer las opiniones fueron emitidas en relación con el proyecto de ley en cuestión, y de manera aún más importante, cuáles observaciones recogió el Gobierno para modificar su proyecto de Ley, ONG Derechos Digitales solicitó acceso a la documentación, y se obtuvo un rotundo NO por respuesta, porque la participación de los ciudadanos en consultas públicas “no constituye información pública”; en otros términos, la información emitida en el marco de una consulta pública no es pública, sino que secreta.

Lo anterior compromete el carácter de público de la consulta realizada, al no aportar luces sobre qué observaciones formuladas por los participantes en la misma fueron o no acogidas, opacando injustificadamente el proceso de toma de decisión del Ministerio, y desincentivando la futura participación de la sociedad civil en esta clase de consultas.

¿Qué recomendó exactamente cada una de dichas empresas y asociaciones gremiales? ¿Cuáles de dichas recomendaciones fueron exactamente acogidas por el Ministerio? Son preguntas que la ONG Derechos Digitales quiere develar, a pesar de la opinión del Ministerio de Economía, por lo que acudió al H. Consejo para la Transparencia.

Según Francisco Vera, de ONG Derechos Digitales, “llegó el momento de hacer uso que las herramientas que la Ley entrega para que la función pública sea ejercida de manera transparente, por lo que decidimos acudir al H. Consejo Para la Transparencia con el objeto que declare la publicidad de todos los antecedentes recopilados en el marco de una consulta que el mismo Ministerio de Economía califica como pública”.

La reclamación presentada se encuentra actualmente en etapa de admisibilidad, y en los próximos días se sabrá si es acogida a tramitación con el objeto que el Consejo Para la Transparencia emita un pronunciamiento a su respecto, y decida en definitiva si es legítimo que los resultados de las consultas públicas conducidas por un órgano público queden en secreto, como lamentablemente ocurrió en este caso.

Debido a que esta semana se están llevando a cabo en nuestro país las negociaciones del capítulo de propiedad intelectual del Trans-Pacific Partnership Agreement, mejor conocido como TPP, ONG Derechos Digitales, en conjunto con ASILFA, el Program on Information Justice and Intellectual Property de la American University y Knowledge Ecology International, tuvo oportunidad de ofrecer un almuerzo a los negociadores de Australia, Perú, Nueva Zelandia, Brunei, Singapur, Malasia, Vietnam, Estados Unidos y Chile.

En el encuentro, que se produjo este miércoles 11 de abril, nuestra organización expuso su opinión* sobre los aspectos más polémicos y criticables del TPP en materia de derechos de autor e Internet, tales como la eventual censura de contenidos de la Red, la criminalización de todos los usuarios de obras, el establecimiento de excepciones amplias estilo fair use y el rechazo a las medidas tecnológicas de protección, entre otros temas.

El almuerzo comenzó con una exposición de la abogada norteamericana Krista Cox, de Knowledge Ecology International, quien presentó diversas observaciones a todo el capítulo sobre propiedad intelectual del TPP, que contempla normas sobre patentes farmacéuticas, derechos de autor, nombres de dominio e indicaciones geográficas, entre otras. Luego, expuso el asesor legal de ASILFA, José Luis Cárdenas, quien analizó críticamente las normas propuestas en el TPP sobre patentes farmacéuticas. Finalmente, cerró el almuerzo el prof. Sean Flynn, Director Asociado del Program on Information Justice and Intellectual Property de la American University, College of Law, quien expuso sobre las normas de enforcement contenidas en el texto del TPP.

Para ONG Derechos Digitales, este encuentro fue positivo, pues significó una oportunidad formal de transmitir a los delegados técnicos de los diversos países del TPP no solo razones técnicas para defender un sistema de propiedad intelectual equilibrado entre la protección y el acceso a la cultura, sino también la preocupación que ha manifestado la sociedad civil de nuestro país respecto a la posible vulneración de sus derechos en Internet.

*Descargar presentación en inglés.

Este 12 de abril tendrá lugar el seminario “TPP: ¿Avance o retroceso? Impacto en acceso a medicamentos y conocimiento“, en el contexto de las negociaciones de este TLC que se están realizando esta semana en Santiago de Chile.

La actividad, convocada por la American University Washington College of Law, contará con la participación del H. Senador. Ricardo Lagos Weber, Senador de la República, de la Directora de Asuntos Económicos Multilaterales de DIRECON, Sra. Ana Novik, y del oficial economista de CEPAL, Sr. Álvaro Díaz, quienes expondrán sobre los alcances de las negociaciones del nuevo tratado de libre comercio que están llevando a cabo Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Estados Unidos, Perú, Viet Nam, Brunei y Malasia.

En la ocasión, también estará Daniel Álvarez, abogado de ONG Derechos Digitales, que expondrá sobre “Derechos de autor en el TPP: en búsqueda del equilibrio”.

La actividad es gratuita. Se realizará en el Centro de Extensión, Universidad Catolica (Sala Colorada, Alameda 390, Santiago), desde las 9 a las 18 horas.

En el contexto de la nueva ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP) que se está sosteniendo en Santiago de Chile durante esta semana, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) denegó parcialmente el acceso a la información relativa a las negociaciones que Chile está manteniendo en secreto en este TLC.

La solicitud de acceso fue ingresada por ONG Derechos Digitales y Fundación Pro Acceso a principios de marzo, con el fin de conocer con certeza los términos de la negociación, de la que hoy solo se conocen filtraciones que hacen sospechar de un serio riesgo a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como: la censura de sitios de Internet por eventuales infracciones a los derechos de autor, la eventual criminalización arbitraria de los usuarios de la red y el aumento de los plazos de protección del derecho de autor.

Esta denegación parcial de la DIRECON significa que no se conocerán los textos de la negociación, la que ha sido declarada oficialmente secreta con posterioridad a la solicitud presentada por Fundación ProAcceso y ONG Derechos Digitales. Para Daniel Álvarez, abogado de esta última organización, es preocupante que la ciudadanía todavía no conozca información transparente de este TLC, en consideración a las expectativas inéditas que este tratado ha levantado en la opinión pública, y a que justamente esta semana se está negociando en nuestro país el capítulo de propiedad intelectual que resulta ser el más polémico de todo el TLC.

“Por un lado, 6.500 chilenos expresaron a la Presidencia su preocupación con respecto a que el TPP no signifique una ley SOPA para nuestro país; por otro, hay un interés periodístico cada vez más intenso en temas de derechos humanos en Internet; lo que se conjuga en la necesidad imperiosa de que el Estado chileno transparente a la ciudadanía las negociaciones de este TLC”, sentenció Álvarez.

Luego de la denuncia sobre las similitudes que tendría el TLC que actualmente negocia en secreto Chile (Acuerdo de Asociación Transpacífico – TPP) con la congelada ley SOPA de Estados Unidos, esta semana una nueva ronda de negociaciones del TPP está ocurriendo en Santiago de Chile. “Se está discutiendo precisamente el capítulo de propiedad intelectual, una de las partes más polémicas del tratado y que presumimos afectará los derechos ciudadanos en Internet, debido a las condiciones que querría imponer Estados Unidos al resto de los países que integran el TPP”, declaró el abogado de ONG Derechos Digitales, Daniel Álvarez.

Efectivamente, a comienzos del 2011 se filtró el capítulo de propiedad intelectual de Estados Unidos para el TLC que están negociando secretamente países como Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Singapur, Vietnam, Malasia, Perú y Chile. Casi un año después, la polémica aumenta pues sus consecuencias en el ciberespacio chileno serían similares a la mundialmente cuestionada ley SOPA, en tanto contempla la censura de sitios de Internet por eventuales infracciones a los derechos de autor, la eventual criminalización arbitraria de los usuarios de la red y el aumento de los plazos de protección del derecho de autor.

Debido al secreto de las negociaciones, no se sabe qué rumbo pueden tomar las negociaciones que actualmente se están realizando en Santiago. No obstante, para Álvarez, “en esta oportunidad esperamos que el gobierno de Chile y los otros países desarrollados que participan en la negociación, tengan una posición firme de defensa de los derechos de ciudadanos y usuarios de Internet”.

Para ONG Derechos Digitales, se han cumplido hitos importantes en la preocupación ciudadana ante estas negociaciones. Primero, en plena época estival y en una campaña online especialmente diseñada, seis mil quinientas personas expresaron su rechazo al TPP al presidente de la República y a sus principales asesores. Luego, se presentó ante el Consejo para la Transparencia, una solicitud de acceso a las negociaciones chilenas en el TPP que tienen un carácter secreto.

“Ahora, muchas son las organizaciones que están atentas con lo que está ocurriendo en Chile esta semana. Por ejemplo, paralelamente a las negociaciones, habrá un seminario gratuito sobre algunos de los efectos que puede provocar el TPP; también ONG Derechos Digitales relanzó una web de información sobre el TPP; y esperamos esta semana poder entregarle a los negociadores un dossier con las preocupaciones ciudadanas con respecto a este TLC, incluidas las seis mil quinientas firmas de chilenos que están alertas con este acuerdo”, sentenció Álvarez.

El Consejo para la Transparencia ha resuelto que el ministro Christian Larroulet  debe hacer público el contenido de su correo electrónico institucional entre los días 18 y 21 de julio de 2011. Con ello, el Consejo resuelve que sobre la privacidad prevalecen los requerimientos de la transparencia pública. El ministro, por su parte, ha iniciado ya la reclamación judicial de la medida, la cual estima desproporcionada y que terminaría por socavar la vida privada de todos los ciudadanos. Ni tan cierto, ni tan falso.

Hace algunos años atrás, la ministra Chevesich incautó las comunicaciones electrónicas de cinco años de más de 400 funcionarios públicos, en el marco de la investigación de actos de corrupción gubernamental. ¡Eso si resultaba desproporcionado! Entonces, el reclamo de los funcionarios públicos fue completamente desatendido. Entonces, la oposición –hoy gobernante– no hizo alarma pública por la medida. Tal como hoy no lo hace la actual oposición –en aquel entonces gobernante. Y es que, para nuestra clase política, el derecho a la vida privada parece tema de interés tan sólo cuando “le aprieta el zapato”.

¿Es proporcional develar la privacidad de correo electrónicos de un funcionarios por oposición a 400 de ellos? ¿Es necesario que dicho acceso tenga lugar a cuatro días de comunicaciones electrónicas por oposición a cinco años de ellas? ¿Resultan el acceso y eventual divulgación una medida necesaria, no excesiva y adecuada para la consecución de una finalidad legítima más relevante? Esas son preguntas que deberían contar ya con claras e inequívocas reglas. Pero, no. Tan ambiguas resultan ellas, que de cuando en cuando suscitan dudas.

A la hora de responder las mencionadas preguntas, es necesario considerar que el derecho a la vida privada no sólo protege a la persona a quien se refiere la información, sino que contribuye al fortalecimiento de los derechos humanos y el sistema democrático. Por supuesto, este derecho no es absoluto y está sujeto a limitaciones. Estas limitaciones son aún ambiguas y, mientras no se precisen, dejan abierto el debate cada vez que alguien se siente la víctima del momento.

La situación de los 400 funcionarios públicos afectados en su día se pierde en los anales de la historia. Y así lo hará el caso del Ministro Larroulet, cualquiera sea la decisión que finalmente los tribunales adopten. Pero sería hora de aprovechar la coyuntura para fijar reglas explícitas que armonicen la protección de la vida privada en relación con otros fines de relevancia social, como una investigación judicial, el quehacer policial, o la transparencia pública. Sería hora de fijar pautas inequívocas, procedimientos claros, medidas de resguardo efectivas y responsabilidades apropiadas que garanticen la eficacia de dicha protección, cualquiera sea ese a quién le apriete el zapato.

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Alberto Cerda Silva

Hace un par de semanas una noticia relativa al “caso Cuevana” llamó la atención de Chile y el mundo: el estudiante Cristian Álvarez fue detenido por la policía y le formularon cargos por delitos contra la propiedad intelectual, debido a su su participación en el sitio cuevana.tv. Entre otros factores, la noticia ganó notoriedad porque aún persiste en la retina de la opinión pública la operación llevada a cabo en varios países que dio de baja el sitio Megaupload y dejó en prisión a sus dueños. La misma imagen (algo forzada) fue la que vimos en Chile, con un imputado que fue detenido y fotografiado con esposas, en circunstancias que bastaba con una citación a Tribunales para hacer la formulación de cargos correspondiente.

Debido a que los antecedentes de la investigación criminal son reservados, es imposible para nosotros opinar sobre el mérito de los mismos. Sin embargo, hay un hecho primordial en el cual detenernos: actualmente las leyes de propiedad intelectual en Chile sí permiten perseguir y sancionar de manera efectiva a los presuntos responsables de delitos contra la misma, a diferencia de lo que sostiene la industria del entretenimiento y sus grupos de lobby, que siempre proponen más derechos y penas más altas para los infractores.

Las imágenes traídas por los medios son un fiel testimonio de la dirección que ha tomado la regulación de los derechos de autor en Chile. Nuestra Ley de Propiedad Intelectual , por ejemplo, condena en su artículo 79 a todos los que copien, modifiquen o difundan las obras que están en el dominio ajeno, incluyendo dentro de este grupo a quienes lo hacen sin fines comerciales o de lucro.

Las estadísticas también dan cuenta que en los últimos años. En el informe del año 2010 sobre Cultura y Tiempo Libre elaborado por el INE, se puede apreciar como la adopción de leyes nuevas a contar del año 2006 significó pasar de sólo 31 sentencias condenatorias por infracción a la propiedad intelectual ese año, a 1.649 el 2007 y 2.492 el 2008. De ahí en más la cifra se ha mantenido estable e incluso las denuncias respecto han bajado.

A pesar que las Leyes de propiedad intelectual deberían impulsar la creación y difusión de las obras intelectuales, hoy se centran en ofrecer respuestas de corte punitivo, sin distinguir el uso privado de obras o usos sin fines comerciales, de aquellos usos industriales y que persiguen ganancias económicas. Como ya vimos, hoy en día ambos tipos de utilización se castigan criminalmente.

Cabe preguntarnos entonces si es realmente necesario seguir endureciendo las leyes de propiedad intelectual, considerando que han aumentado las condenas y las detenciones, o si ya es hora de preocuparse por una ley más compleja que integre la promoción cultural y acceso al conocimiento, aprovechando las oportunidades que entrega el uso de nuevas tecnologías, en vez de negar sus beneficios y seguir persiguiendo a los usuarios de Internet como delincuentes.

El jueves 15 de marzo de 2012 se realizará GlamWiki 2012, organizado por Wikimedia Chile, la Biblioteca del Congreso Nacional, el Sistema de Bibliotecas de DUOC-UC y ONG Derechos Digitales.

Este es el primer encuentro de este tipo (‘GLAM’ es el acrónimo utilizado para referirse a Galerías, bibliotecas, archivos y museos) realizado en América Latina que pretende reunir a instituciones culturales y universitarias con miembros de la comunidad de los proyectos de la Fundación Wikimedia y promotores del conocimiento libre en general. El contacto y la colaboración entre instituciones culturales y las comunidades Wikipedia son claves para el florecimiento de un patrimonio cultural digital basado en la colaboración y la experiencia del público.

El evento tendrá como invitadas especiales, entre otros, a Beatriz Busaniche de Wikimedia Argentina y Fundación Vía Libre y a Melanie Dulong de Rosnay, de Creative Commons Francia, quienes participarán en una mesa de discusión sobre los acuerdos GLAM-Wiki junto con Roxana Donoso de la Biblioteca del Congreso Nacional y Claudio Ruiz, director de la ONG Derechos Digitales.

El evento se realizará el jueves 15 de marzo de 2012, entre las 8:30 y las 13:00 hrs. en el Auditorio de Duoc UC, ubicado en Vicuña Mackenna 4917, San Joaquín.

Más información en Wikimedia Chile.

Ministerio de Economía rechaza solicitud de acceso presentada por ONG Derechos Digitales. A través de la solicitud se esperaba acceder a las presentaciones efectuadas por empresas interesadas en el proyecto de ley sobre datos personales.

En Agosto de 2011, el Ministerio de Economía abrió una bullada consulta pública para recibir observaciones respecto de un borrador de proyecto de ley que reglamentaría el tratamiento de datos personales en Chile. La consulta permaneció abierta por dos semanas, tras lo cual el Ministerio habría evaluado dichas observaciones e introducido mejoras en el borrador. Hace pocos días, finalmente, el Gobierno presentó el proyecto de ley al Congreso.

A efectos de conocer quiénes y qué opiniones fueron emitidas en relación con el proyecto de ley en cuestión, ONG Derechos Digitales solicitó acceso a la documentación. La solicitud fue ingresada el 14 de febrero y ya tiene un rotundo NO por respuesta. De acuerdo a la respuesta del Ministerio de Economía, la participación de los ciudadanos en consultas públicas “no constituye información pública”; en otros términos, la información emitida en el marco de una consulta pública no es pública, sino que secreta.

Pero el Ministerio si reconoce quienes participaron del proceso de consulta pública. Entre otras, habrían hecho sugerencias: MoviStar-Telefónica, Equifax (alias Dicom), la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información, la Cámara Nacional de Comercio, y Google. ¿Qué recomendó exactamente cada una de dichas empresas y asociaciones gremiales? ¿Y cuáles de dichas recomendaciones fueron exactamente acogidas por el Ministerio? Un misterio que el Ministerio de Economía no quiere develar.

La decisión del Ministerio es “inaceptable”, según Alberto Cerda Silva, de ONG Derechos Digitales, pues “la consulta era pública, sus participantes estaban al tanto de ello, y la relevancia del tema requiere acceso público a dicha información”. Los resultados de consultas públicas de esta naturaleza quedan a disposición de la ciudadanía en otros países, como Brasil, Estados Unidos, e Inglaterra, explica Cerda. De hecho, según apunta Cerda, “el sitio web del ministerio aseguraba que la información estaría disponible públicamente”. “Es una torpeza ministerial que los antecedentes no queden disponibles al público en línea inmediatamente al momento de ser enviados por quienes participan de la consulta pública; pero todavía es más impresentable que la autoridad los declare secretos”, concluye Cerda.

En los próximos días, de acuerdo a Claudio Ruiz, Presidente de  ONG Derechos Digitales, la organización evaluará como revertir la adversa decisión del gobierno que impone secreto en el resultado de las consultas públicas. “El tema es relevante porque, por un lado, hace una lectura torcida de la ley de transparencia pública, y, al mismo tiempo, impide a los ciudadanos acceder a información valiosa a efectos de participar de la discusión pública en relación a la protección de sus datos y de su vida privada”, concluye Ruiz.

El evento estaba previsto para abril próximo en Sudáfrica. La decisión fue dada a conocer por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y es respuesta a la queja formulada por organizaciones sociales por la falta de transparencia y ausencia de interés público en el evento, el conflicto de intereses entre los organizadores y el desequilibrio en la agenda del encuentro.

Tras el reclamo de casi un centenar de organizaciones de distintos países, incluida ONG Derechos Digitales, en carta dirigida al director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Francis Gurry, donde se demanda expresamente organizar un foro equilibrado, en razón de los intereses públicos implicados, a través de criterios de transparencia en toda la organización del evento.

La preocupación de estas organizaciones nació del hecho que la agenda de la Cumbre era patrocinada por el sector privado, particularmente por organismos que buscan imponer su agenda de marcado proteccionismo de la propiedad intelectual, en detrimento del interés público.

En un escueto comunicado del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, éste sostiene que el evento “será re-programado” y que los organizadores del evento se aseguraran de que la organización y agenda del evento contemple la representación y compromiso de “todos los interesados, en el gobierno, las empresas, las artes y la comunidad”.

En opinión de Alberto Cerda Silva, de ONG Derechos Digitales, la falta de transparencia y desequilibrado discurso de la OMPI en sus programas de capitación es algo que también se repite en Latinoamérica. La suspensión del evento en África, demuestra, según Cerda, que “con un férreo control ciudadano es posible revertir la política de la OMPI que sólo da cabida al discurso proteccionista de la propiedad intelectual y desdeña el derecho de los pueblos a acceder a los beneficios de la cultura y el desarrollo tecnológico”.

Más transparencia e interés público; menos conflicto de intereses y desequilibros en la agenda de propiedad intelectual. Eso es, a grandes rasgos, lo que un gran número de organizaciones no gubernamentales del mundo argumentan al momento de pedir a la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) posponer la próxima Cumbre de Propiedad Intelectual a realizarse en Sudáfrica este abril próximo.

Los argumentos fueron dados a través de una carta dirigida al director general de la OMPI, Francis Gurry, donde se demanda expresamente organizar un foro equilibrado, en razón de los intereses públicos implicados, a través de criterios de transparencia en toda la organización del evento.

La preocupación de estas organizaciones nace debido a que esta Cumbre está siendo patrocinada por el sector privado, particularmente por organismos que buscan imponer su agenda de marcado proteccionismo de la propiedad intelectual, en detrimento del interés público.

Para Daniel Álvarez, abogado de ONG Derechos Digitales, organización que también adhirió a la carta, es necesario que en instancias internacionales como ésta, “se mantengan los equilibrios necesarios de los intereses tanto de titulares de derechos de propiedad intelectual como de usuarios, consumidores y organizaciones que resguardan el interés público”.

Álvarez también agregó que “es muy importante que la agencia de naciones unidas especializada en materias de propiedad intelectual, dé señales efectivas de promover un diálogo con todas las partes interesadas, garantizando la participación de la pluralidad de discursos existentes en estos asuntos “.

¿Tienes dudas sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico (más conocido como TPP en sus siglas en inglés)? ¿Quieres saber más sobre el contexto del orígen de este acuerdo? ¿Necesitas hacer un seguimiento de las opiniones expertas sobre el tema? ¿O simplemente quieres saber la relación entre la mundialmente famosa SOPA y el TPP?

En ONG Derechos Digitales hemos producido un pequeño dossier con información sobre el TPP, de manera que sirva como una guía de consulta rápida para todas las personas interesadas en profundizar sobre el tema.

Infórmate y actúa: Adhiere a #NoTPP.

A sólo doce horas de lanzada la campaña “¿SOPA en Chile?”, más de 3.500 ciudadanos se comunicaron electrónicamente con el Sr. Presidente de la República y sus principales asesores, a fin de solicitar que se pronuncie sobre las negociaciones secretas que se están llevando a cabo para la suscripción de un nuevo tratado de libre comercio en el área del Asia Pacífico, conocido como “TPP”. A través de la filtración de uno de los capítulos de este tratado, la opinión pública pudo constatar que se incluyen normas sobre propiedad intelectual en Internet que podrían tener consecuencias en Chile similares a la mundialmente cuestionada SOPA.

Ante esta demostración de acción ciudadana organizada por ONG Derechos Digitales, la Dirección de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores (DIRECON), organismo encargado de las negociaciones, publicó una declaración pública donde confirmó el carácter secreto de las negociaciones y señaló que en materia de propiedad intelectual aún se está en negociaciones por lo que no hay definiciones sobre esta materia. No se confirma ni desmiente que exista riesgo para los derechos de los usuarios de Internet en Chile.

ONG Derechos Digitales agradece la disposición permanente de ser recibidos por los equipos negociadores en los limitados espacios de participación establecidos, pero debemos ser enfáticos en señalar que en ninguno de esos espacios se ha permitido acceso al texto en negociación, como sí lo han hecho países como Estados Unidos, que cuenta con un Consejo Asesor que permite cierta participación de la sociedad civil de ese país.

Por lo anterior, en los próximos días presentaremos ante el Presidente de la República una solicitud de acceso a información pública a fin de que sea la máxima autoridad política del país, que por mandato constitucional debe llevar a cabo las negociaciones internacionales, quien decida levantar o mantener el secreto de acuerdos que pueden afectar de manera radical cómo los ciudadanos entienden, usan y aprovechan las potencialidades de Internet.

ONG Derechos Digitales cree firmemente que la transparencia es uno de los principios más importantes a la hora de realizar control y contrapesos en la negociación de acuerdos comerciales de esta magnitud. Pero mientras no se tenga acceso al texto en negociación del “TPP”, es imposible que los miles de ciudadanos que han manifestado su preocupación por el alcance de las negociaciones puedan hacer una defensa más activa e informada de sus derechos.

La campaña online “¿SOPA en Chile?”, organizada por ONG Derechos Digitales, busca que el gobierno chileno se pronuncie sobre la propuesta norteamericana de propiedad intelectual en Internet que se negocia secretamente en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (conocido como “TPP”), y que podría tener consecuencias en el ciberespacio chileno similares a la mundialmente cuestionada SOPA.

El TPP es un tratado de libre comercio que están negociando de manera secreta Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Singapur, Vietnam, Malasia, Perú y Chile, que reproduce a nivel local algunas de las peores amenazadas de SOPA, entre ellas, “la censura de sitios de Internet por eventuales infracciones a los derechos de autor y la eventual criminalización arbitraria de los usuarios de la red, además del aumento de los plazos de protección del derecho de autor” según informa el abogado de ONG Derechos Digitales, Daniel Álvarez.

Otros países afectados por el TPP ya se han organizado para buscar que sus gobiernos no aprueben el tratado. En Chile la campaña “¿SOPA en Chile?” busca informar e intervenir. Así, por una parte, se presentan los antecedentes de los efectos en Internet que tendría la aprobación del TPP; y por otra, los cibernautas pueden enviar una carta al Presidente de la República y a sus principales asesores, en la que solicitan directamente no negociar ni aceptar nuevas obligaciones que puedan afectar los derechos ciudadanos.

“Hoy la opinión pública ha visto cómo la presión ciudadana ha podido detener una amenaza a la libertad de expresión en Internet como era el proyecto de ley SOPA. Esa presión también debe ejercerse con el TPP, pues el mismo peligro es concreto e inminente”, sentenció Álvarez.

Aparte de la web, se puede seguir la campaña desde el Facebook de ONG Derechos Digitales, y también desde el hashtag #NoTPP.

[Links de interés]:

-Chile

La Nación: ONG Derechos digitales advierte por acuerdo internacional peor que SOPA

El Mostrador: TPP, la ley secreta similar a la SOPA que amenaza a los cibernautas chilenos

ONG Derechos Digitales: TPP, cucharadas de SOPA

-Internacional

Forbes.com: The TPP is the Next Battleground in the War Over the Internet

Boingboing: Son-of-ACTA, the TPP, wants to legislate buffers

TechDirt: White House Petition Demands TPP Process Be Open & Transparent

Un completo reporte sobre el TPP también ha aparecido en El Mostrador. En la nota, los miembros de ONG Derechos Digitales, Claudio Ruiz, Francisco Vera y Daniel Álvarez, explican de qué se trata este tratado, sus similitudes con la ley SOPA y las acciones que nuestra organización ha llevado adelante para hacer oposición a su firma.

Todo, acá.

En El Ciudadano también cubren las implicaciones de la posible firma por parte de Chile del TPP, y en su reporte, entrevistan al miembro de ONG Derechos Digitales, Daniel Álvarez que entre otras cosas, declara que si con la actual legislación “en Chile en los próximos 20 años el dominio público de obras y bienes culturales no crecerá; de aceptarse que sean 95 años, una generación entera quedaría sin derechos a acceder de manera libre a importantes obras culturales”.

Más sobre el TPP según El Ciudadano, acá.

El diario La Nación da cuenta de la advertencia que nuestra organización ha hecho de forma permanente sobre el Acuerdo de Asociación Trans Pacífico de Libre Comercio (TPP), ya que entre unos de sus efectos, está la censura de sitios de Internet por eventuales infracciones a los derechos de autor, entregando facultades policiales a los prestadores de servicios de Internet, al igual que lo que proponía la polémica ley SOPA.

Para más información, acá.